El presidente del Sistema Estatal Anticorrupción (SEA), Francisco Fiorentini Cañedo, rechazó el exhorto realizado por el Congreso del estado, para que este organismo se abstenga de realizar sesiones, hasta que
El Congreso local exhortó al SEA, así como a su Comité Coordinador, así como a los “integrantes ciudadanos que los componían antes de la declaración de su invalidez legal”, para efecto que se abstengan de sesionar en tanto no sea ejecutado el contenido total de la sentencia de la Acción de Inconstitucionalidad 119/2017, resuelta por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).
Fiorentini Cañedo comentó que la corrupción debe combatirse con las estrategias diseñadas por el Estado Mexicano y las políticas públicas generadas en cada entidad federativa, debe ahondarse y no paralizarse lo que es ilegal y arbitrario.
El acuerdo del Congreso local es un acto infundado y arbitrario porque aún sin contar con la sentencia, pretende no solo suspender, sino desconocer la actividad de los representantes ciudadanos.
Por tal motivo, dijo, se revisan las vías legales idóneas para combatir las medidas del Congreso del estado.
Fiorentini Cañedo advirtió que el Congreso reconoció que la SCJN no le ha notificado la sentencia de la Acción de Inconstitucionalidad y desconoce los efectos y consecuencias de esa sentencia y por lo tanto no está en condiciones de ejecutarla.
El consejero ciudadano indicó que es una versión totalmente diferente a la que manifestó, en la última sesión del Comité Coordinador del SEA, la Secretaría de la Honestidad y Función Pública, Vicenta Espinoza, apoyada por el representante ciudadano Ricardo Zurita, Edgardo Silva y Daniel Sotelo.
La citada funcionaria estatal afirmó que el Congreso contaba ya con la sentencia con el propósito de justificar un supuesto desconocimiento e inexistencia de los integrantes de este órgano y de la sesión convocada para acordar el tema de los “moches”.
Además del tema del otorgamiento de notarías públicas y la petición de denuncia formal por la petición de dinero de un diputado para aprobar el Presupuesto de Egresos.
“Los exhortos dirigidos al Sistema, a los representantes ciudadanos y a los integrantes del CCSEA, carecen de eficacia y efectos jurídicos, toda vez que no son vinculatorios o de observancia obligatoria”.
Fiorentini Cañedo observó que señalar que la consecuencia de hacer caso al exhorto es paralizar el sistema anticorrupción y se dejaría de cumplir el mandato de la propia ley.
