A través de un desplegado, asociaciones civiles, empresariales y algunas escuelas reiteraron el llamado a la gobernadora de Baja California, Marina del Pilar Ávila Olmeda, a que se detenga el proceso de distribución de los nuevos libros de texto gratuito en la entidad.
Fue la Coalición para la Participación Social en la Educación (Copase), liderada por Alfredo Postlethwaite Duhagón, la que dirigió un escrito a la mandataria, debido a que no se respetó la normatividad para la elaboración del nuevo material educativo, considerando que este debió haber sido consensuada entre el gobierno, personal docente, padres y madres de familia y especialistas en las diferentes materias.
Además, señalan que la impresión de los textos y su distribución va en contra de la ley debido a que en mayo, un juez otorgó una suspensión definitiva en el juicio de amparo en contra del nuevo material educativo interpuesto por la Unión Nacional de Padres de Familia.
También piden que se realice una revisión adicional para asegurar la precisión de sus contenidos.
Cabe recordar que el viernes, el gobierno del Estado de Baja California a través de un comunicado, informó que se está en proceso de distribuir los libros en la entidad.
Ante ello, en el desplegado se indica que “esa postura podría establecer un precedente que conlleve riesgos tanto legales como éticos para su gobierno. Además, se plantea la inquietud de que no se está considerando el derecho de los niños y jóvenes bajacalifornianos a acceder a conocimientos, habilidades y actitudes que sean independientes de cualquier ideología política”, advierten.
El documento muestra los logos de agrupaciones como la Fundación Castro Limón, la Confederación Patronal de la República Mexicana, del Observatorio Ciudadano de Baja California (ObserBC), de la Universidad Xochicalco, el Consejo de Desarrollo Económico de Mexicali, por mencionar algunos.
“Desde 250 instituciones educativas, empresariales, fundaciones y asociaciones de padres de familia y ciudadanos muy preocupados, expresamos un llamado enérgico para que se respete la ley, se detenga la distribución de los libros en el Estado, siguiendo el ejemplo correcto de otras entidades federativas que, ante la suspensión legal existente, decidieron no distribuir los libros”, indica el desplegado.
