Marina del Pilar Ávila Olmeda, gobernadora de Baja California, se unió a la petición de los gobernadores de las 32 entidades del país a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), con intención de evitar que se eliminara la figura de la prisión preventiva oficiosa.
Así lo dio a conocer la mandataria en sus redes sociales, en donde mostró imágenes del documento firmado por el jefe de gobierno de la Ciudad de México y los 31 gobernadores estatales, tanto pertenecientes a Morena como los de partidos considerados opositores.
“Consideremos que esta medida es fundamental para preservar la seguridad y mantener la construcción de la paz en el país”, señala en su publicación.
Esto en respuesta a una resolución emitida por el Poder Judicial de la Federación, en donde se estableció que con una sola demanda de amparo se podría suspender cualquier orden de aprehensión en contra de un presunto responsable, sin importar la gravedad del delito.
