Baja California es una de las siete entidades del país en las que se han detectado redes de abuso y pornografía infantil al interior de escuelas públicas y privadas, revela un reciente estudio emitido por la Oficina de Defensoría de Derechos de la Infancia (ODI).
A esto se agrega la “desaparición” del padrón de quejas interpuestas ante la Secretaría de Educación Estatal por orden de un ex Secretario.
La ODI indica que entre 2008 y 2018 se acumularon denuncias por abusos cometidos en contra de menores de edad en instalaciones escolares de la Ciudad de México, Morelos, Oaxaca, San Luis Potosí, Jalisco, Estado de México y Baja California.
En dichos casos se cumplen ciertas características denominadas como “patrones delictivos marcados por acciones organizadas entre varios adultos y perpetradas de manera masiva”.
La organización decidió integrar todas esas denuncias en una sola carpeta porque considera que han quedado impunes.
RESPUESTA OFICIAL
Rubiee Rivera Rodríguez, directora de Participación Social y Convivencia Escolar en la Secretaría de Educación de Baja California, confirma que un caso registrado en 2015 dentro de un Jardín de Niños en Tijuana es el que se señala de cumplir con ese patrón.
La funcionaria se refiere a lo ocurrido entre octubre y diciembre de ese año cuando un maestro de inglés abusó de 19 niños de entre 4 y 5 años de edad a quienes amarraba para luego agredirlos sexualmente.
Además del docente de inglés también se acusó a la maestra del grupo, a la directora del plantel y a la supervisora de zona por encubrir el hecho.
A raíz de ese caso la Comisión Estatal de los Derechos Humanos (CEDH) emitió la recomendación 10/2016 en la que exhortaba a la Secretaría de Educación a perfeccionar el protocolo para la atención de este tipo de situaciones.
Rivera Rodríguez refirió que apenas el pasado 18 de mayo se firmó un nuevo protocolo que simplifica las quejas y denuncias por agresiones sexuales al interior del sector educativo.
Un dato que sorprende es que la actual administración en la Secretaría de Educación no conoce la cantidad de quejas que han sido interpuestas porque fueron “desaparecidas” por un ex titular.
“Pedimos la base de datos de ese sistema único de denuncias pero no se nos fue concedida y según lo señalado por diversos funcionarios públicos de la dirección jurídica nos decían que esa base la única persona que la tenía era un anterior secretario y ya no se encontró”.
La directora de Participación Social y Convivencia Escolar dijo que ya se trabaja en un nuevo sistema estadístico en base al nuevo protocolo diseñado para estos casos.
Es precisamente el encubrimiento de las autoridades el aspecto más grave que señala el informe de la ODI.
