/ sábado 18 de marzo de 2023

Son municipios primeros respondientes en casos de menores vendiendo en la calle: DIF BC

No es el DIF estatal quien decide si se separa o no a los menores de sus familias, recordó la directora de la institución

En el caso de los niños que son encontrados laborando en vía pública, son los Gobiernos Municipales quienes deben hacer el trabajo de primeros respondientes, puntualizó la directora del DIF en Baja California, Mónica Vargas Núñez.

Andrea Jiménez | La Voz de la Frontera

Puntualizó que deben ser las Policías Municipales, en compañía de la Comisión Estatal de Derechos Humanos y otras corporaciones, quienes se acerquen a estos menores, y que existe un protocolo de atención para revisar este tipo de casos.

“Lo que nosotros no queremos es criminalizar la pobreza, hay que ofrecerles alternativas a las familias que se encuentran en esta situación; lo que nosotros buscamos es la reintegración familiar, que ellos tengan una alternativa”

Vargas Núñez señaló que en este protocolo se cuenta con la participación de otras dependencias estatales, como la Secretaría de Educación o la Secretaría del Trabajo, para que las familias que se encuentran en esta situación puedan tener más opciones de apoyo.

Esto con el fin de dejar como última instancia la posibilidad de que el menor sea enviado a albergues del DIF Estatal, aunque admitió que sí se han remitido menores al DIF en las últimas semanas derivados de estos casos.

La entrevistada recordó que el Sistema DIF no tiene facultades para decidir si un menor tiene que ser separado de sus familias e ingresado a uno de los albergues del DIF Estatal, sino que esta decisión depende de jueces calificadores y la Fiscalía General del Estado (FGE).

En el caso de los niños que son encontrados laborando en vía pública, son los Gobiernos Municipales quienes deben hacer el trabajo de primeros respondientes, puntualizó la directora del DIF en Baja California, Mónica Vargas Núñez.

Andrea Jiménez | La Voz de la Frontera

Puntualizó que deben ser las Policías Municipales, en compañía de la Comisión Estatal de Derechos Humanos y otras corporaciones, quienes se acerquen a estos menores, y que existe un protocolo de atención para revisar este tipo de casos.

“Lo que nosotros no queremos es criminalizar la pobreza, hay que ofrecerles alternativas a las familias que se encuentran en esta situación; lo que nosotros buscamos es la reintegración familiar, que ellos tengan una alternativa”

Vargas Núñez señaló que en este protocolo se cuenta con la participación de otras dependencias estatales, como la Secretaría de Educación o la Secretaría del Trabajo, para que las familias que se encuentran en esta situación puedan tener más opciones de apoyo.

Esto con el fin de dejar como última instancia la posibilidad de que el menor sea enviado a albergues del DIF Estatal, aunque admitió que sí se han remitido menores al DIF en las últimas semanas derivados de estos casos.

La entrevistada recordó que el Sistema DIF no tiene facultades para decidir si un menor tiene que ser separado de sus familias e ingresado a uno de los albergues del DIF Estatal, sino que esta decisión depende de jueces calificadores y la Fiscalía General del Estado (FGE).

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