Los trabajadores despedidos injustificadamente por la mina Real de Ángeles en San Felipe, perteneciente a Grupo Frisco, presentaron una demanda desde enero del presente año, y siguen sin respuesta ni audiencia de juicio oral ante los tribunales federales.
Víctor Dávalos Estrada, abogado de los mineros, comentó que solo 4 casos han pasado por las audiencias preliminares, los 29 restantes siguen sin trámite alguno.
Destacó que al término del mes de noviembre del año pasado, a los trabajadores les anunciaron el cierre de la mina y que serían trasladados a Aguascalientes, pero sin apoyo de transporte, de vivienda, ni ingresos adicionales, y que si no aceptaban, deberían renunciar.
En las audiencias preliminares, los abogados de la mina, reiteran que sólo les ofrecen pagar el finiquito como renuncia, sin prima de antigüedad e indemnización.
Dávalos Estrada como abogado, detalló que hay dolo y mala fe por parte de la mina, así como violación a derechos humanos y de la familia, al pagar menos de los que les corresponde.
También señaló que hay una dilatación en los casos, e hizo un llamado a la atención de los casos a la jueza Miriam Félix Diarte que encabeza la denuncias, radicado en el segundo tribunal laboral federal de asuntos individuales en Baja California con sede en Tijuana.
El abogado detalló que esperan que en octubre, se concrete el primer juicio oral, donde la jueza a solicitado en dos ocasiones, propuesta de indemnización de parte de los trabajadores, las cuales han sido presentadas y con ajustes económicos a la baja, pero de parte de la mina se mantienen en la misma tónica de pagar solo el finiquito.
Además comentó que presentaron evidencia de la situación con testimonios documentales publicados en diversos medios de comunicación sobre la situación de la mina, pero fueron desestimados por la juez y rechazados.
Dávalos Estrada explicó que fueron presentados las pruebas de medios de comunicación para que la jueza dictamine un embargo precautorio en la mina, porque han comenzado a vender el equipamiento, y puede caer en declararse insolventes para pagar a los trabajadores.
“La autoridad laboral está dando opción a eso, con el nuevo sistema de justicia laboral, no deberían llegar a eso”, reclamó el abogado.
Además los trabajadores deben trasladarse hasta Tijuana, donde radica el tribunal en cada audiencia que sean llamados.
Por su parte los trabajadores que están en anonimato por el tema del juicio, explicaron que en noviembre del 2022, la mina les dijo del cierre y traslado, y no les pagaron la caja de ahorro es un ingreso voluntario.
Además no les pagaron los aguinaldos en diciembre pasado, cuando también es un derecho por el año laboral concluido.
