Tras caer en el olvido por las autoridades, este año se busca revivir el Patronato Alianza Empresarial para la Seguridad Pública, creado desde el 2005 con la intención de mejorar la situación de seguridad en Mexicali.
Esto se dio a conocer luego de que se anunciara que mañana se llevará a cabo una reunión de trabajo en las oficinas de la Auditoría Superior del Estado, en la que se intentará aclarar las irregularidades encontradas en sus cuentas públicas.
Integrado por funcionarios del Ayuntamiento de Mexicali y representantes del sector comercio, industrial y empresarial en general, el patronato buscaba impulsar políticas en materia de seguridad, así como buscar apoyos para los agentes de policía.
Sin embargo, autoridades como el director de Seguridad Pública, Pedro Ariel Mendívil, han confirmado a medios de comunicación que durante esta administración municipal el patronato prácticamente no ha realizado ninguna actividad.
Anteriormente, la alcaldesa Norma Bustamante Martínez, publicó un mensaje en su cuenta de “X” donde aparece acompañada por el empresario Jonathan Díaz Castro, haciendo referencia al Patronato.
“Durante mi reunión con Jonathan Díaz Castro, coincidimos en la importancia de reactivar el Patronato de Alianza Empresarial para fortalecer la corresponsabilidad en vigilar la eficacia de la seguridad pública en Mexicali”, se lee en el mensaje.
Las irregularidades
Entre los aspectos que es necesario comprobar ante la Auditoría, destaca la existencia de una cuenta bancaria con un saldo de 30 mil 976.66 pesos, a diciembre de 2022, de la cual no se entregaron documentos.
Asimismo, se reportó la existencia de un saldo por 460 mil 819.01 destinado a cuentas por cobrar, aunque nunca se mostró evidencia de las actividades realizadas con este recurso, además de la compra de una computadora por 7 mil 518.31, de la cual nunca se pudo comprobar su existencia, entre otros.
En septiembre de 2023, el Congreso del Estado emitió un exhorto a la presidenta municipal para que se presentara un reporte ante la Comisión de Fiscalización del Gasto Público del órgano legislativo.
Esto se debe a que los legisladores detectaron deficiencias en su gestión financiera del año 2021, donde se destacan la falta de pólizas contables, la ausencia de recuperación de saldos antiguos en cuentas por cobrar y otras irregularidades.