Trabajadores de la mina de San Felipe, demandan se dé mayor celeridad en su proceso para dar por terminado su contrato y sean liquidados conforme a derecho, ya que los quieren reubicar a otra entidad del país, o bien, que firmen su renuncia voluntaria.
A través de su abogado Víctor Dávalos, un grupo de trabajadores presentó una denuncia en representación de 33 trabajadores de la mina de San Felipe, ya que están solicitando la rescisión del contrato de trabajo, ya que de manera unilateral la empresa les cambió las condiciones laborales a todos.
A Los trabajadores se les quiere obligar a trasladarse a otra mina, sin viáticos, y a más de 2 mil kilómetros de distancia de San Felipe.
“Se les dijo que ellos (la empresa) los iba a trasladar, absorber todos los gastos, pero lo grave de todo esto es que ellos (trabajadores) tienen su familia en San Felipe, se tienen que ir a vivir para allá, sin ningún recurso, sin nada y que esa era la propuesta si no, firmaran la renuncia”.
El abogado consideró que esta era una causal suficiente para que los trabajadores rescindieran el contrato y se les indemnizara.
“Llegamos al centro de conciliación federal, en el centro de conciliación, la mina, los abogados o los representantes de la mina, siempre fue una negativa de ellos, nunca hubo una intención de arreglar el asunto, lo que se me hacía muy sospechoso por parte de ellos.
“Posteriormente empezamos a recibir información de que la mina tenía la intención de cerrar, para dejar a los trabajadores sin nada, lo único que estaban provocando es que los demandáramos ¿para qué?, para que al demandarlos, ganar tiempo, que eso es lo que están haciendo ahorita”.
El tribunal federal aceptó las demandas, pero en algunas les pidió que aclararan algunos puntos, pero lo que más les empezó a llamar la atención es que se solicitó un embargo precautorio a la mina, ya que se enteraron de la intención de cerrar la mina, presentaron pruebas suficientes, notas periodísticas, las cuales la autoridad laboral no las consideró como pruebas.
Las demandas se presentaron en enero del 2023, pero las primeras audiencias se empezaron a presentar hasta octubre de ese año, y en algunos casos ya están esperando la sentencia, lo que les preocupa es que no se han dado las demás fechas de las audiencias, cuando ya se cerró la fase escrita del proceso, aunque de esto, no culpa a nadie.
El abogado manifestó su confianza en que las autoridades laborales actúen conforme a los derechos humanos, a las necesidades de los trabajadores, porque está debidamente acreditado porque se les estaba enviando a trabajar a otra entidad de la República sin ningún viático, sin recursos, y si no aceptaban les pedían que firmaran la renuncia, cosa que no hicieron, y piden a rescisión del contrato.
La diferencia entre la renuncia y la rescisión del contrato es muy grande, ya que en la primera se pagan las prestaciones de ley como aguinaldo, vacaciones, prima vacacional, y la prima de antigüedad.
Mientras que en la rescisión de contrato, que es por incumplimiento por parte del patrón a los trabajadores, es que se les pague las citadas prestaciones, más una indemnización de 3 meses y 20 días por año, explicó.
Los trabajadores tienen más de un año y un mes sin percibir ingresos, además que no les pagaron los aguinaldos ni la caja de ahorros, que no es de la empresa, sino de los trabajadores, expuso.
Es por lo anterior que piden que se acelere el proceso, les den fecha de audiencia, ya que de los 33, solo 6 han tenido audiencia y en algunos casos están en espera de sentencia, pero la mina no tiene ninguna intención de llegar a un arreglo con los trabajadores, ya que los dejaron en la calle, aseveró el abogado.