“Llueven” amparos por cobros de agua; rechazan las formas

Temen que esto afecte las finanzas estatales al tener que regresarles el dinero pagado

Mariela Tapia | La Voz de la Frontera

  · sábado 16 de enero de 2021

Alberto Sánchez Torres, presidente de la Canacintra de Mexicali | Sergio Caro | La Voz de la Frontera

Al menos cien empresas de Baja California han utilizado la vía legal para evitar cobros indebidos por consumo de agua, al considerarlos como imprecisos o arbitrarios.

El presidente de la Canacintra de Mexicali, Alberto Sánchez Torres, detalló que al menos esa cifra de empresas han optado por iniciar un amparo para evitar verse afectados por una suspensión del servicio, de las cuales estimó que unas 40 son de Mexicali.

Manuel García Soto es el representante de Fisamex | Archivo | La Voz de la Frontera

Sánchez Torres reconoció que primeramente la autoridad se acercó con el sector industrial para iniciar las auditorías que realizan empresas particulares, como Fisamex, que se llevan el 20% de lo que recupera el gobierno estatal.

AFECTA EN PANDEMIA

Aclaró que el agua siempre ha sido pagada por las empresas y que los organismos operadores del agua están exigiendo otros cobros, como lo son derechos de conexión.

Reiteró que no están en contra de pagar por algún adeudo, más bien están en desacuerdo en las formas en que se exigieron los pagos, siendo que solo se daba un plazo de 48 horas para realizarlo y que en caso de no hacerlo, se les suspendería el servicio.

Esto, puntualizó, sobre todo afectó a pequeñas y medianas empresas en su flujo de efectivo durante la pandemia, lo cual además se contraponía a las medidas de seguridad recomendadas por las mismas autoridades de salubridad en las que sugerían una mayor exigencia de higiene para prevenir el Covid-19.

“Nunca hemos estado en contra de efectuar esos pagos, las empresas, muchas de ellas se han ido por la vía legal ya que encuentran malos procedimientos”.

La preocupación de la Canacintra, dijo, es que en caso de que no resulte favorable para los organismos operadores del agua, se les tendría que regresar el dinero a las empresas, lo cual arriesga las finanzas estatales y evitaría que se invirtiera en infraestructura en el futuro.

“Las administraciones cambian, el organismo ahí se va a quedar y la comunidad va a batallar con ese tema porque van a crear, posiblemente un boquete financiero que el día de mañana impida que el organismo pueda realizar obras, esa es la preocupación que tenemos nosotros”.