Este lunes inició el primero de lo que será una serie de Diálogos en Materia de Justicia Familiar y de Género, entre juzgadores que atienden asuntos familiares en la entidad, con el objetivo de intercambiar experiencias y poder fortalecer esta materia.
Estos diálogos están coordinados por el Comité de Igualdad y Género del Poder Judicial del Estado (PJE), que preside la magistrada Columna Imelda Amador Guillén.
El Presidente del Tribunal Superior de Justicia y del Consejo de la Judicatura, Magistrado Alejandro Isaac Fragozo López, destacó que esta actividad es el primer paso para que todos los juzgadores independientemente de su especialidad, tengan amplios conocimientos en materia de igualdad y género.
Es por lo anterior que se robustece la aplicación de criterios con perspectiva de género, “esto ya no es extra, es una obligación el ampliar los conocimientos en este sentido”.
En los procesos jurisdiccionales en especial los de materia familiar, “no obstante que exista un vínculo de obligatoriedad entre hombre y mujer, el juez en caso de encontrar asimetría entre ambos, el juez deberá ser proactivo para emitir criterios basados en una perspectiva de género”.
Es así que se fortalece el cumplimiento de la mayor prioridad para el Tribunal: la protección de grupos vulnerables.
Amador Guillén por su parte, destacó que con esta actividad interna se detectarán necesidades y se realizarán propuestas de retroalimentación para crear mecanismos que permitan una mejora en la aplicación de la justicia familiar.
La magistrada Karla Patricia Amaya Coronado, especialista en Justicia Familiar, presentó los diversos apoyos que proporcionan las leyes vigentes, así como las convenciones internacionales que han buscado eliminar todo tipo de discriminación, desigualdad y violencia hacia la mujer; además de las diversas jurisprudencias que permiten el aplicar de oficio las órdenes de protección en beneficio de la mujer.
Entre los temas tratados en este primer diálogo fueron la igualdad sustantiva y el derecho de las personas a acceder a la justicia en condiciones de igualdad; así como la revisión de las resoluciones judiciales atendiendo la perspectiva de género y la perspectiva de la infancia; además del análisis de las facultades y obligaciones de juzgados en el dictado de medidas provisionales y de protección hacia las mujeres.