La “muerte civil” para funcionarios y empresas que cometan actos de corrupción, como promete el candidato a Gobernador Óscar Vega, no está del todo en las facultades del Ejecutivo, pero es viable, opinó el abogado Álvaro González.
La promesa del representante del PAN es que los funcionarios sean inhabilitados de por vida para ocupar cargos públicos y las compañías no vuelvan a vender sus servicios al Gobierno.
“Vamos a erradicar la práctica del diezmo, cero tolerancia y cárcel a quien lo pida”, ofreció el candidato el pasado 3 de abril en un comunicado de prensa sobre sus propuestas para la transparencia y combate a la corrupción. Pero como éstas son de las exigencias más sentidas no sólo en Baja California, sino en todo el país, el Congreso de la Unión ya tiene trabajo legislativo en curso.
A finales de marzo los senadores reformaron la Ley General de Responsabilidades Administrativas y el Código Penal Federal para inhabilitar a servidores públicos, pero falta la votación de los diputados.
Los cambios en espera de aprobación contemplan sanciones para funcionarios por cohecho, desvío de recursos públicos, conflicto de interés o abuso de funciones, entre otros y para las empresas en casos de soborno, tráfico de influencias y contratación indebida de ex servidores públicos.
El abogado penalista explicó que el único cambio reciente en contra de la corrupción fue considerarla delito grave para que los funcionarios enfrenten su proceso en prisión preventiva, pero no existe la “muerte civil”.
Si Óscar Vega quiere hacerlo, tendrían que hacerse bastantes modificaciones a la Constitución local y hacer un llamado al Gobierno federal para que también sea elevado a la Carta Magna (…) una orden ejecutiva no sería posible y sería impugnable.
La propuesta a la Cámara de Diputados locales para reformar la Constitución estatal está dentro de las facultades del Gobernador, quien después tendría que lograr el consenso entre los legisladores para sacar adelante la votación.
El tema, consideró González, sigue empantanado en el Congreso y “necesitaríamos la figura del fiscal. Alguien tiene que firmar”, anotó.
Según el comunicado, Vega Marín busca pugnar por un fiscal anticorrupción autónomo, una decisión que también corresponde al Poder Legislativo.
