El segundo informe de nuestra gobernadora fue una pálida imitación de los informes presidenciales.
A través de los ojos de Marina del Pilar vimos un estado ficticio, una especie de paraíso idílico donde todo está bien y en el que la inseguridad retrocede, a pesar de las evidencias que nos dicen lo contrario.
Baja California es una entidad de alto riesgo, siendo Tijuana una de las ciudades más inseguras del planeta. Las alertas de viaje emitidas este año por naciones como el Reino Unido o Estados Unidos muestran la preocupación internacional por lo que pasa en nuestro Estado ante la indolencia e indiferencia de nuestras autoridades.
A pesar de las cifras alegres del informe, Baja California ha registrado 1,525 asesinatos en 2023, el 78.82% corresponden a Tijuana. El Instituto Nacional de Estadística y Geografía, con datos a septiembre de 2023 refleja que al menos 2 de cada 3 personas se sienten inseguras en Tijuana y 1 de cada 2 en Mexicali.
La instalación de cámaras de seguridad y de arcos carreteros anunciados por la gobernadora son acciones insuficientes ante la falta de apoyos a las policías municipales y estatal, todo por instrucciones superiores de Palacio, desde donde se ha ordenado la desaparición de subsidios y apoyos para quienes día a día dan la vida por todas y todos nosotros.
Las reformas aprobadas por el Congreso del Estado son meramente cosméticas, como la que se aprobó para regular la actividad de antros y bares; mientras el Congreso promueve reformas insuficientes, nuestros jóvenes siguen desapareciendo y los asesinatos y ejecuciones sumarias se dan todos los días.
No hay señales de que se vayan a promover reformas de gran calado para mejorar las prestaciones de las policías, garantizar sus derechos, brindarles protección y ofrecerles una carrera policial digna y solvente. Tampoco hay señales de que habrá un cambio en la fallida estrategia de seguridad. Lo que sucede a nivel estatal es una triste réplica de lo que pasa a nivel nacional. Desde 2020 presenté una iniciativa de reforma constitucional para dignificar la función policial, garantizando plenamente los derechos de ministerios públicos, policías y custodios. Esta reforma, aprobada en comisiones el pasado abril, ha sido detenida por intereses inocultables bajo pretextos de falta de recursos públicos.
Es lamentable que los recursos presupuestales aprobados por el Congreso de la Unión para 2024 no prevean inversiones para mejorar la seguridad, sino más gasto dispendioso en obras que solo alimentan el ego y los sueños mañaneros del Presidente.
Tenemos la esperanza de que nuestra gobernadora pueda dar un golpe de timón y abandone de forma definitiva una estrategia federal que para Baja California solo ha llevado a una espiral incontenible de violencia, miedo y muerte.
