Septiembre inició en medio del llamado ciudadano a nuestras autoridades para que cese la violencia y para que sean localizadas personas que hasta el día de hoy están desaparecidas.
La concentración de Mexicali muestra la profunda indignación social de quienes no encuentran a sus hijas, hijos y hermanos. El 30 de agosto pasado, Día Internacional de las Víctimas de Desapariciones Forzadas, más de 1,000 familias bajacalifornianas recordaron a sus seres queridos no localizados. La tasa de desaparición de personas, de 76.1 por cada 100,000 habitantes, es una de las más altas del país. Según cifras oficiales, se contabiliza, hasta el día de hoy 5,348 desapariciones, pero algunas fuentes señalan que en Tijuana van 437 desapariciones tan solo en 2023.
En octubre de 2021, en gira por San Quintín, López Obrador se había comprometido a combatir la violencia y las desapariciones. Hoy, casi dos años después, el miedo sigue apoderándose de las familias y el horror está presente en nuestra vida cotidiana.
El gobierno del Estado ha dejado en la indefensión a las familias y a las personas, en una apuesta errónea por copiar la estrategia nacional, esa que sólo ha provocado más muerte, terror y violencia que en cualquier sexenio anterior. Es un deber irrenunciable del Estado garantizar la seguridad y proteger la vida de cada persona. El Estado también debe combatir frontalmente a todos aquellos grupos que ponen en riesgo la diaria convivencia y que extorsionan, amenazan y asesinan.
Todo delito debe ser perseguido y no quedar impune, pero hoy se apuesta por evadir hechos brutales con un lamentable silencio que pretende ocultar la triste realidad en la que estamos sumidos. En el extremo del cinismo, la orden superior de maquillar las cifras de desapariciones provocó la renuncia de Karla Quintana Osuna, titular de la Comisión Nacional de Búsqueda. El gobierno federal pretende ahora desaparecer a las y los desaparecidos con un nuevo padrón que será la base para seguir promoviendo las mentiras mañaneras, que también son replicadas cada miércoles en nuestro Estado.
“No mentir, no ocultar y sí buscar” representan la voz de la indignación de la ciudadanía, ante un gobierno indolente. Son también un llamado enérgico para que se tomen medidas urgentes ante un problema que crece cada día, ante el silencio pasmoso e irresponsable de nuestras autoridades. Es indispensable que se despliegue una nueva estrategia de seguridad, basada en el fortalecimiento de nuestras policías municipales y en el ejercicio indelegable de las funciones constitucionales elementales de prevenir, investigar y perseguir los delitos.
No queremos pretextos ni propaganda gubernamental. Exigimos que quienes hoy gobiernan asuman su responsabilidad presente, sin culpar a los hechos del pasado y sin tratar de ocultar, con su silencio e indiferencia, el horror que día a día vivimos.
