La Juez de Control María de Jesús Acosta Sumarán, después de volver a diferir la audiencia inicial de formulación a imputación por quinta vez, pidió al Juez Federal de Nuevo León, dar resolución, debido a que los acusados no se volvieron a presentar.
La audiencia es contra los dos directivos de un banco que tenía firme relación con el caso Next Energy, a los que se les acusa por el delito de abuso de retención.
El caso Next Energy era un proyecto para realizar una planta fotovoltáica en la administración del ex gobernador Jaime Bonilla.
Por parte de las autoridades estatales, se le acusa a la institución bancaria de no haber devuelto los 123 millones de pesos retenidos en su empresa, por parte del proyecto.
El caso lleva como Número de Caso Único (NUC) 02-2022-10453, la audiencia aún no cuenta con nueva fecha, debido a que la Juez de Control, pedirá al juez de distrito uno de Nuevo León, dar resolución.
La juez, había emitido un comunicado en dónde exigía que los acusados se presentarán a la audiencia, en dado caso de no hacerlo se les activaría una orden de aprehensión.
Lo anterior se le hizo saber al Juez Federal, mismo que no dió por activa la orden de aprehensión, debido a que aseguró que los acusados iban a comparecer a las audiencias, pero ésto no ocurrió.
La audiencia anterior, se había diferido debido a que los acusados dieron positivo a Covid-19, después de un viaje que realizaron a la Ciudad de México.
El asesor jurídico de los directivos del banco, informó que un día antes de abordar el avión para la ciudad de Mexicali, pidió a los hombres que se realizará otra prueba, para salvaguardar su salud y de terceras personas.
Los acusados después de 10 días, volvieron a salir positivo, el asesor jurídico presentó el resultado ante la Fiscalía General del Estado y la juez de control, para justificar la falta de los hombres.
El agente del Ministerio Público y las asesoras jurídicas del Gobierno del Estado, comunicaron que los resultados eran verdaderos, pero que tenía que tener el historial médico o las recomendaciones e interpretación de un doctor, por lo que no consideraron elementos suficientes para la justificación de su ausencia.
Audiencias anteriores, se habían diferido por falta de presencia de los acusados, asesores jurídicos y también por falta de pruebas ante la institución bancaria por parte del Ministerio Público.
CASO NEXT ENERGY
Actualmente existe un proceso jurídico por el caso de la planta fotovoltáica de Next Energy, la cual, por falta de permisos, no pudo ser construida, en una gestión realizada por la pasada administración estatal, y que comprometía las finanzas estatales por los próximos 30 años.
En el contrato había una cláusula, en la cual, en caso de que no se pudiera financiar, se garantiza el pago por medio de las retenciones de participaciones federales a través de la institución bancaria, lo que significa 123 millones de pesos al mes.
Al llegar la nueva administración federal, el contrato fue desconocido, sin embargo, la institución bancaria había hecho bueno la apropiación de los 123 millones de pesos, por lo que el estado reclama ese dinero de vuelta.
Son once las personas que están vinculadas a proceso por el proyecto de la realización de una planta fotovoltaica, entre ellos, se cuentan ocho ex-funcionarios públicos de la administración pasada, vinculados a proceso por delitos de peculado y uso ilícito de atribuciones y facultades, los cuales laboraban en áreas como la Secretaría de Hacienda, Oficialía Mayor, la Secretaría del Agua, la Secretaría de Infraestructura y la Comisión Estatal de Energía.
Las tres personas restantes, son ciudadanos representantes legales de tres empresas: Next Energy, la asesora financiera Valorum Capital y la empresa suministradora de
