La más reciente convocatoria que emitió el Gobierno del Estado para conocer el estatus patrimonial de sus funcionarios no fue atendida por 16 servidores públicos que podrían ser amonestados o inhabilitados.

La declaración patrimonial se contempla en la Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado y aplica para los servicios de públicos que funjan como jefes de departamento o un nivel similar, así como quienes realicen funciones en la toma de decisiones sobre administración, mando y manejo de recursos materiales, humanos o financieros.

Lo anterior con el objetivo de comprobar que no se han enriquecido a costa del cargo público que ocupan.

José María Armendáriz Palomares, encargado de despacho de la Secretaría de Contraloría y Transparencia Gubernamental (SCTG), indicó que este año el 99.2% de los servidores públicos atendieron dicha responsabilidad.

“Buscábamos el 100%, no llegamos y nos faltaron 16 personas por dar cumplimiento a esa declaración patrimonial, estas personas están dentro de un proceso en el que tendrá que determinarse una sanción”.

En el proceso que se sigue contra los incumplidos se contempla un lapso para que presenten alguna justificación.

La declaración patrimonial debió realizarse antes del 31 de mayo pasado ante la SCTG.

“Selectivamente hay un proceso para revisar la situación patrimonial, se hacen auditorías de devolución y ahí se ve si sus ingresos corresponden a sus gastos”.

Armendáriz Palomares refirió que los servidores públicos que no informaron sobre la situación que guarda su patrimonio podrían obtener una sanción que iría de una amonestación hasta la inhabilitación para ejercer un cargo público por un tiempo.