El pasado 1 de diciembre se llegó a un acuerdo entre la empresa Consolidated Water y el Gobierno de Baja California para mantener el proyecto para construir una planta desaladora en Playas de Rosarito, informó el secretario de Hacienda, Marco Moreno Mexia.
Frente a los diputados locales, el funcionario aseguró que el mantener este proyecto permitirá resolver el problema del suministro de agua para la Zona Costa de la entidad por los próximos 30 años.
“La empresa ya aceptó la oferta que hicimos de hacer una toma del proyecto directamente a través del Estado, el Estado no va a poner los recursos para la compra del terreno del proyecto, los recursos ya están autorizados por el Gobierno Federal a través del Fondo Nacional de Infraestructura [Fonadin]”
Aunque no es posible dar a conocer más detalles, Moreno Mexia explicó que tras el acuerdo Baja California podrá obtener el terreno, comprado con recursos del Gobierno Federal, además de que se logra mantener el acuerdo para la construcción de la planta.
Asimismo, como parte de la negociación la empresa Consolidated Water accedió a cancelar la demanda en contra del Estado.
“Vamos a iniciar el 2024 con la posibilidad de articular rápidamente una reestructuración del proyecto donde participe Fonadin con el 50% de los recursos de inversión; con eso el proyecto se hace totalmente viable”
Moreno Mexía reconoció que si bien el proyecto no es de ejecución inmediata, pues requiere una reestructuración en un proceso de al menos tres años, este representa un avance importante en materia del suministro de agua en el estado.
Tras la aceptación del acuerdo por parte de la empresa, explicó el funcionario, actualmente se encuentran trabajando en el proyecto varios grupos de abogados, con intención de formalizar lo antes posible e iniciar los procesos del relanzamiento de la licitación, que se espera llevar a cabo el próximo año.
Iniciado en la administración de Francisco Vega de Lamadrid (2013-2019), el contrato para la construcción de la planta desaladora de Rosarito fue un proyecto en modalidad de Asociaciones Público Privadas (APP), el cual fue cancelado de forma unilateral por la administración de Jaime Bonilla Valdez (2019-2021).
Esta cancelación derivó en una demanda de arbitraje por 51 millones de dólares por parte de la empresa encargada del proyecto, Consolidated Water, con quien la actual administración llevó a cabo una negociación de 18 meses para lograr el acuerdo.