Por la generación de más burocracia para todo el Estado, la municipalización de San Felipe y de San Quintín representa más problemas que beneficios para Baja California, así lo consideró el economista Enrique Rovirosa Miramontes.
El también ex presidente del Colegio de Economistas de Mexicali consideró que la decisión de municipalizar por parte de los gobernantes y legisladores se realizó sin contar con estudio serio que permitiera fundamentar la independización de ambas demarcaciones.
“Están dejando un problema a mediano y largo plazo mayor, porque eso va a representar cientos de millones tirados al gasto corriente”.
Actualmente la mayoría de los recursos tanto estatales como municipales se destinan a mantener al personal y para pagar los servicios básicos de las mismas dependencias, recordó, por lo que es mínimo el recurso que queda para acercar servicios a la comunidad.
El catedrático calificó como absurdo que se crearan ambos municipios, quien insistió que no se necesitaba crear y menos en las condiciones en las que se encuentra la entidad, además señaló que el proceso de la aprobación de los mismos fue irresponsable y realizada por un gobierno corrupto.
“No obstante con esa irresponsabilidad y con esa acusación de corruptos, no tomaron en cuenta, no hicieron un estudio serio para tomar esas decisiones y están dejando un problema a mediano y largo plazo mayor”.
El pasado 13 de diciembre de 2020 se realizó un plebiscito en San Felipe donde se les cuestionó a sus residentes si estaban a favor de la municipalización de esa zona, de los cuales solo el 16.7% de los votantes acudió a las urnas.
De los 13 mil ciudadanos registrados en el padrón nominal de aquella zona, solo 2 mil 152 ciudadanos participaron en el ejercicio, de los cuales la mayoría manifestó su voto a favor de la municipalización.
En el resumen del estudio de factibilidad del Poder Legislativo que hizo sobre el tema, San Felipe necesitaría de 250 millones de pesos en un periodo de 18 meses por parte del Poder Ejecutivo y Legislativo para adquisición de inmuebles, al igual que un presupuesto federal de 100 millones de pesos al año.
Cabe mencionar que el pasado domingo LA VOZ DE LA FRONTERA publicó que se impugnó en contra del Consejo Fundacional de San Felipe, ya que el Consejo de Desarrollo Económico de aquella demarcación consideró que hubo opacidad en la definición de los integrantes del consejo fundacional.