Ascendió a 18 el número de muertos tras los disturbios del pasado 10 de octubre en el Penal de Cadereyta. La Procuraduría General de Justicia del Estado informó que de acuerdo a su lista, Ricardo Ramírez Velázquez o Ricardo Ramírez Velazco falleció en el Hospital Universitario, donde era atendido de las lesiones que le causaron en el enfrentamiento que se dio.

Por otro lado, el secretario general de Gobierno, Manuel González informó que se tienen 600 millones de pesos para iniciar en noviembre próximo los trabajos de ampliación en el penal de Apodaca y posteriormente proseguir con el de Cadereyta.

El funcionario cree que si los penales dependieran de su dependencia directamente y no de Seguridad como hasta ahora, podría implementar mejor administración y programas para la prevención del delito.

POSTURA DE LA CIDH

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) condenó los recientes hechos de violencia ocurridos en el penal estatal de Cadereyta, e instó al Estado a realizar la investigación respectiva, identificar a los responsables y establecer las sanciones pertinentes.

“La CIDH recuerda que los cuerpos de seguridad solamente pueden recurrir al empleo de armas letales cuando sea estrictamente inevitable para proteger una vida y cuando resulten ineficaces medidas menos extremas. La CIDH reitera el deber del Estado mexicano de realizar un control adecuado y verificación de la legalidad del uso de la fuerza. En este sentido, cuando tenga conocimiento de las consecuencias letales derivadas del uso de armas de fuego por parte de fuerzas de seguridad, debe iniciar de oficio y sin dilación una investigación seria, imparcial, efectiva y abierta al escrutinio público”, puntualiza.

También expresa su preocupación por la reiteración de hechos que reflejan la ausencia de medidas de seguridad efectivas para garantizar los derechos a la vida y la integridad.