Iniciamos 2023 con la noticia de que nuestro país aceptó un nuevo acuerdo migratorio con los Estados Unidos de América para recibir cada mes a 30 mil migrantes procedentes de Venezuela, Cuba, Nicaragua y Haití.
Hasta el momento, el gobierno no ha explicado cómo cumplirá con un compromiso que conlleva asignar recursos crecientes para atender a personas en tránsito, garantizando su seguridad e integridad físicas. El acuerdo implica esfuerzos adicionales por parte de nuestras autoridades para garantizar en todo momento un trato humanitario y no discriminatorio como lo manda la legislación en materia de migración, asilo y refugio.
A cambio de recibir a tan nutrido grupo de personas, el gobierno recibirá tan solo 23 millones de dólares, cifra a todas luces insuficiente para garantizar que en los albergues y casas de migrantes se den condiciones que garanticen un trato digno y decoroso.
En Baja California vivimos los efectos de crecientes oleadas migratorias que han colapsado albergues, saturando nuestras calles y que tienen a miles de personas viviendo en condiciones de vulnerabilidad extrema y de inseguridad constante. Esta situación debería cambiar con los nuevos arreglos migratorios, para corregir una política incongruente que a la vez que demanda un trato digno a nuestros connacionales, no es capaz de tratar de la misma forma a quienes aspiran por mejorar sus condiciones de vida.
Hasta el momento el gobierno no ha explicado los alcances y los mecanismos que se desarrollarán a raíz del nuevo acuerdo migratorio y esto es preocupante, ya que los pactos entre naciones, para que sean estables y duraderos, deben basarse en la más amplia publicidad y en el concurso de todos aquellos actores involucrados en una problemática compleja y urgente, como es la de la creciente oleada de flujos migratorios.
El nuevo acuerdo debe acompañarse del abierto combate a posibles redes de corrupción que involucren a nuestras autoridades migratorias, de la lucha frontal contra organizaciones criminales que tienen sumida a Baja California en una oleada de inseguridad e incertidumbre y de inversiones crecientes en infraestructura fronteriza.
México se ha comprometido a asignar 1,500 millones de dólares para reforzar nuestra frontera norte, sin que hasta la fecha se hayan visto acciones concretas al respecto. Nuestro país no puede seguir cediendo en materia migratoria, mientras no se desarrollen políticas que garanticen que la migración sea segura para las personas que transitan por nuestro país y sea ordenada para regular los flujos migratorios y establecer mecanismos de control eficientes.
No hay alternativa, Baja California no puede seguir sumida en crisis de inseguridad y humanitaria en la que nos tienen las pésimas decisiones del gobierno federal y la sumisión e inacción del gobierno estatal.
