QUO VADIS
Más de centenar y medio de asesinatos de candidatos en los comicios del 2018 y casi un centenar más para las elecciones que se celebrarán el próximo 6 de junio hacen suponer que la delincuencia mayor, principalmente, se ha enseñoreado en comunidades donde las autoridades responsables de garantizar seguridad a los contendientes no cumplen con su altísima responsabilidad.
Eso en cuanto a las víctimas mortales que buscaron puestos de elección popular, pero el escenario es tan ominoso que no habría porqué descartar que los actos violentos alcancen a otros participantes como los ciudadanos que se desempeñarán como autoridades electorales y, por supuesto, los mismos electores.
Por eso seguramente la prensa nacional ha destacado en la semana que concluye el reiterado intervencionismo criminal en los comicios venideros –como en el 2018-- visibilizando y pormenorizando casos donde la impunidad, en la medida que se acerca el día de votación, no solo es evidente, sino también un inequívoco rasgo de que las fiscalías encargadas de procurar justicia en hechos criminales consumados no quieren, no saben o no pueden con su encargo no obstante a ilustrarse como “independientes y autónomas” de los titulares de los poderes ejecutivos.
Ante esa debilidad y en atención al exhorto que se hace a los millones de mexicanos para ir a votar y ejercer con ello su verdadero poder ciudadano, es preciso que las autoridades (TODAS) y con el incondicional apoyo de las instancias electorales, organismos no gubernamentales y ciudadanos en general, establezcan medidas preventivas eficientes y pertinentes para reducir a su mínima expresión, cuando menos, la violencia que se asoma para la jornada de este 6 de junio.
Ningún ciudadano en su sano juicio quiere, por ejemplo, que siga el derramamiento de sangre y menos que el domingo electoral se convierta en una multiplicación de votantes agredidos, urnas robadas, casillas destruidas, autoridades electorales violentadas, etcétera…porque de ser así no solo prevalece la posibilidad de que en algunas comunidades se cancelen o se deslegitimen los resultados electorales, sino que se abran más espacios de ingobernabilidad que provocan grupos delictivos en diversas regiones del país.
Es hora entonces de que quienes tienen la altísima responsabilidad de garantizar lo necesario para que los ciudadanos vayan a votar o ser votados cumplan fielmente su labor. Es hora, se insiste por los cuatro puntos cardinales del país, que los mexicanos exhibamos nuestra proclividad a participar siendo parte de la solución y no del problema porque si de lo que se trata es que vaya a votar el menor número posible de personas, seguramente los sucesos serán dolorosamente repetitivos y las confrontaciones político-electorales se extenderán.
En fin, esto de garantizar paz y seguridad en las elecciones y de justicia para quienes han sido victimados no son peticiones coyunturales, sino obligación y responsabilidad que deben asumir quienes aceptaron cumplir y hacer cumplir nuestras leyes. ¿O no?