Voz Campesina
Al iniciar el 2010 la vigencia en Mexicali del Sistema de Justicia Acusatorio Adversarial (Nuevo Sistema Penal), se ofrecían amplias expectativas en cuanto a celeridad del proceso, respeto a derechos humanos de imputados como de ofendidos, etc., etc..
Penosamente la realidad es muy distinta y lo que la sociedad percibe es un sistema de puertas giratorias abiertas a la delincuencia. Se habla de que las causas obedecen, además de otras, a discordancias entre criterios de los jueces que faltando uniformidad general aplican el propio, etc., etc.
Sin embargo, pese a que incluso gobernadores se han pronunciado sobre la necesaria revisión legislativa que extienda el catálogo de delitos graves impidiendo así -ejemplo- a cualquier criterio conceder la libertad a portadores de armas de fuego de uso exclusivo del Ejército, el Código de Procedimientos Penales, vigente en toda la República Mexicana, mantiene las controversiales medidas cautelares (prerrogativas) que facilitan la liberación del imputado.
Por increíble que parezca, el Código Penal (define delitos y sanciones) es diferente en cada Estado. Debido al también obligatorio carácter nacional del sistema, la responsabilidad de modificar dicha cuestionada circunstancia corresponde al Congreso de la Unión, espacio donde el tema ni siquiera se menciona.
De ahí que salvo ocurrir pronto lo contrario, la ley seguirá auspiciando en alguna manera la impunidad. Máxime que en caso de denunciar la comisión de delitos, las exigencias requisitorias son tales que la víctima opta a desechar la opción y lo más peligroso (presentándose ya en regiones centrales del país) acudir a la justicia por propia mano.
Contratar mayor número de jueces en Baja California admite tardanza similar en el actual a la del anterior sistema penal. Resultando de singular importancia que nuestros legisladores federales analicen la -opinamos- urgente revisión de las leyes de la materia.
Ningún desarrollo socioeconómico puede darse a plenitud de continuar la violenta inseguridad y carencia de justicia que lastima a un México en el que delincuentes -organizados o no- demuestran diversificando conductas delictivas, superar en ‘creatividad’ a quienes deben combatirlos cumpliendo el deber de legislar adecuadamente bajo el principio “La ley es para el hombre, no el hombre para la ley”.
