Voz Campesina
Previo al arranque del mandato del Presidente electo de México, inició funciones el Congreso de la Unión, al que corresponde la elaboración de la Ley en impulso del desarrollo.
Aspirar a que el titular del Poder Ejecutivo solucione por sí mismo tan complicada problemática afectando a nuestra república, equivaldría a considerarlo omnipotente. El propio licenciado Andrés Manuel López Obrador declaró que dadas las condiciones en que recibirá el país, será difícil cumplir el total de encomiendas solicitadas.
Sin duda, seguridad y justicia representan especial compromiso -que ‘hereda’-ante un México donde en la mayoría de su territorio acosa sangrienta violencia delictiva, por la que no sólo altos mandos policiacos, sino gobernadores han sostenido que en gran medida se debe a las ‘bondades’ del ‘nuevo’ sistema penal, cuyo formato garantista otorga beneficios de libertad al delincuente, antes que privilegiar el castigo que merece y exigen las víctimas junto a la sociedad en general.
Siendo cierto que cada entidad federativa mantiene a través de sus legislaturas locales facultad de incrementar las penas a delitos, también lo es que la eventual revisión correctiva del Código Único de Procedimientos Penales, éste sí vigente a nivel nacional, conteniendo el cúmulo de medidas cautelares que facilitan la liberación de imputados, es materia (estimo prioritaria) de los legisladores federales.
Pese al amplio conocimiento del tema, ninguna de ambas cámaras ha informado siquiera del estudio y/o análisis respectivo. Parece de mayor relevancia discutir y consensuar el suministro alimenticio durante jornadas (al fin, obligación a sueldo) en que se supone aportan mediante el (re)diseño de la legalidad al cambio del destino patrio.
Alcanzar la pacificación implica el esfuerzo común de los tres poderes de gobierno y del pueblo, que representado en el fuero federal por diputados y senadores, espera la respuesta ya largamente esperada.
