Claudia Corichi
La economía de América Latina y el Caribe es un auténtico rompecabezas.
Si bien en las últimas décadas ha logrado avances significativos, el crecimiento se ha estancado; a medida que retrocede el impacto de la pandemia, las tasas vuelven a niveles de la década de 2010, es una de las conclusiones de un reciente informe del Banco Mundial (BM).
Ese bajo nivel de crecimiento, que ya es una constante, se traduce en servicios públicos reducidos, empleos y salarios precarios y mayor pobreza y desigualdad que también impactan a las infancias y a las mujeres de manera importante. Las previsiones de crecimiento para la región no parecen mejorar en 2024, se ubican en 1.6% y se prevé que tanto Brasil como México se desaceleren.
La combinación de ingresos laborales estancados y la reducción de las transferencias sociales derivó en una reducción general en los ingresos familiares reales respecto a los niveles prepandémicos en varios países de la región. La principal consecuencia de esta situación fue que para finales de 2023 las tasas de pobreza en muchas de estas economías seguían por encima de los niveles de 2019.
Para que haya mejores oportunidades es imprescindible el crecimiento. El estudio “Competencia, ¿el ingrediente que falta para crecer?” resume los dos grandes desafíos para consolidar políticas públicas en el futuro en América Latina: Una fuerza laboral que envejece y que a su vez plantea dificultades para las finanzas públicas y para los hogares y un asunto sumamente preocupante, la violencia.
Según el BM, además de ser la más alta del mundo, se ha vuelto más severa y generalizada, aterrorizando a los ciudadanos y comprometiendo la atracción de inversiones. Propone reformas en infraestructura, educación y comercio para mejorar la productividad y la integración global y modera las expectativas sobre el Nearshoring al señalar que los impuestos, el bajo nivel educativo de la mano de obra y la inestabilidad social reducen el atractivo de la región como destino para la relocalización de empresas, a lo cual agregaría la inseguridad que afecta en diversos aspectos.
Sobre el aumento en el número de jubilaciones y el declive de la fuerza laboral, advierte una presión de los presupuestos nacionales financiados por una débil base tributaria. Pero más grave aún es que el cuidado de personas mayores supondrá una carga mayor sobre las familias, particularmente las mujeres, quienes se encargan de las tareas del hogar, por lo que su participación en el mercado laboral será moderada.
El informe propone que las políticas públicas deben abordar esta transición para asegurar que la carga creciente no sea asumida de forma desproporcionada por las mujeres. Es justo por esa y otras razones que resulta urgente y necesario contar con un sistema de cuidados en el país.
