RICARDO MONREAL
El pasado 5 de febrero, aniversario 107 de la promulgación de nuestra Constitución Política, el presidente Andrés Manuel López Obrador presentó 20 iniciativas de reforma constitucional en diferentes materias.
Esa misma tarde las envió a la Cámara de Diputados, como cámara de origen, para su trámite legislativo. Uno de los objetivos de este paquete de reformas es devolverle su espíritu y letra a nuestra Constitución.
El mismo Presidente de la República aseveró que las propuestas “son, a todas luces, distintas y contrapuestas a las reformas que se aprobaron durante todo el periodo neoliberal, cuando jamás en los 36 años de ese oscuro periodo se pensó en beneficiar al pueblo, sino ajustar el marco legal para facilitar el despojo, la corrupción y la entrega de bienes del pueblo y de la nación a una minoría”.
En efecto, durante ese periodo, nuestra Constitución —producto de la primera revolución social del mundo— fue deformada por un grupo minoritario que representaba intereses de clase y se desvirtuó su esencia. Ya no protegía a las personas campesinas; ya no era cercana a las y los obreros; ya no arropaba al magisterio; ya no separaba el poder económico del poder político; no brindaba oportunidades de desarrollo a las mayorías ni a jóvenes ni a grupos indígenas; no alentaba la educación pública ni la inversión estatal en los diferentes ámbitos del país; desarticulaba al Estado, lo debilitó, lo disminuyó, creando vacíos que ocuparon el crimen organizado, el poder económico y otros poderes fácticos.
Entonces, lo que hoy se propone es volver a poner a la Constitución en el lugar que le corresponde, es decir, situarla como el pacto social y legal que represente de jure y de facto a todas y todos y no sólo a una minoría; ni más, pero tampoco ni menos. En tal sentido, son diversas las iniciativas que se proponen y todas tienen un amplio sentido de responsabilidad social, económica, política y democrática.
Entre ellas podemos señalar las reformas relativas a la pensión de las personas adultas mayores a partir de los 65 años y aumentar el monto de la misma año con año; lo mismo para personas con discapacidad, quienes recibirán una pensión de carácter universal. También, garantizar atención médica integral gratuita a toda la población. Asimismo, asegurar a las y los mexicanos su derecho a la educación y al trabajo; devolver a la Comisión Federal de Electricidad su carácter de empresa pública; que el Congreso de la Unión se integre solamente por 300 diputadas y diputados y 68 senadoras y senadores; que las y los jueces, magistrados y ministros del Poder Judicial sean electos de manera directa por el pueblo y que se eliminen todas las dependencias y organismos onerosos, elitistas y supuestamente autónomos creados durante el periodo neoliberal.
Como en cualquier transformación verdadera, existen resistencias y, como en cualquier democracia, hay y habrá argumentos a favor, pero también en contra. Si se aborda, por ejemplo, el tema de los recursos para hacer frente al financiamiento de estas reformas, el presidente López Obrador señaló que no hace falta una reforma fiscal para costearlas. Lo que se requiere, por el contrario, es no condonar impuestos a quienes más tienen, entre otras acciones.
El mandatario indicó que en 2018 la recaudación era de 3 billones de pesos y que en 2023 fue de 4 billones 500 mil pesos, es decir, un billón 500 mil pesos de incremento, lo cual, entre otros usos, se reparte a la población a través de programas sociales que le permiten realizar compras, lo cual, a su vez, dinamiza la economía interna. Además, afirmó que en enero de 2024 la deuda pública de México era equivalente —en términos del Producto Interno Bruto— a la que recibió en 2018.
La revivificación del espíritu y la letra de la Constitución se acompaña, sin duda, de un respaldo económico que el Gobierno de México contempla sin endeudar al país y sin generar inflación. En cualquier caso, el debate tendrá lugar en el Poder Legislativo, como corresponde y se requiere en cualquier parlamento y en cualquier democracia.
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