La muerte de 40 migrantes en Ciudad Juárez puso en evidencia las fallas de una política migratoria que criminaliza a quienes transitan por nuestro territorio en busca de un sueño.
Las personas que murieron en una instalación federal vivían en condiciones inhumanas, a pesar de que el marco jurídico que regula la migración tiene una eminente vocación humanitaria. En materia migratoria, el problema principal de México no es de leyes, sino de personas e instituciones.
Si las instalaciones federales presentan deficiencias tan graves que pueden llevar a hechos trágicos, qué podríamos esperar de albergues que hoy día están francamente superados. La falta de espacios para ofrecer un trato digno y decoroso a quienes migran tiene hoy hundida a las ciudades de Mexicali y Tijuana en una grave crisis humanitaria. A la falta de espacios hay que sumar la ausencia de programas gubernamentales y el prácticamente nulo apoyo de la Federación.
Nuestro país aceptó además de forma inexplicable la llegada mensual de hasta 30 mil personas migrantes deportados por los Estados Unidos de América procedentes de Venezuela, Cuba, Nicaragua y Haití. A cambio de estas presiones sobre nuestro sistema migratorio, el gobierno no ha concretado el indispensable giro de una política migratoria condenada hoy al fracaso.
Ante la tragedia de Juárez, el gobierno respondió de forma tardía y lamentable. En un inicio inclusive el Presidente sugirió que los migrantes se habían inmolado, mientras las corcholatas con competencia en materia migratoria seguían en campaña echándose la culpa. Dos semanas después, el gobierno reaccionó anunciando el tan esperado giro en la política migratoria, pero las primeras medidas adoptadas no han sido acertadas.
El Presidente decidió dejar la política migratoria en manos de quien ha propuesto la medida radical de desaparecer al Instituto Nacional de Migración (INAMI). El padre Solalinde ha anunciado la creación de un Consejo participativo y justo, pero esta medida radical no es parte de los cambios indispensables que esperábamos.
La Ley de Migración tiene como principio toral el respeto irrestricto de los derechos humanos. Para transitar de las leyes a la realidad, es indispensable que la Guardia Nacional deje de funcionar como muro humano; además, en lugar de desaparecer al INAMI deberían realizarse acciones urgentes para enfrentar la corrupción que aqueja al organismo, actuar ejemplarmente contra autoridades coludidas con grupos delincuenciales y realizar inversiones cuantiosas y urgentes en infraestructura fronteriza, que garanticen la seguridad y la movilidad, bajo el ideal de una migración ordenada, regular y segura.
La crisis que vivimos en Tijuana y Mexicali demanda un giro radical, así como poner un punto final a la forma como el Presidente ha estigmatizado a las organizaciones de la sociedad civil, dejándolas sin recursos. Son estas organizaciones las que han realizado esfuerzos denodados para humanizar la política migratoria en el contexto de un gobierno inhumano, que ante las demandas nacionales e internacionales de justicia por los hechos de Juárez hará rodar cabezas.
La persecución del titular del INAMI es una medida que crea chivos expiatorios, pero que deja de lado la necesidad de rectificar una política migratoria criminal, asesina e inhumana, que incluso ha costado la vida a connacionales, como sucedió en Texas el año pasado, cuando de 27 compatriotas que buscaban un sueño encontraron la muerte ante la ceguera y el silencio gubernamentales.
