/ jueves 10 de febrero de 2022

La casa del escándalo

La campaña presidencial de López Obrador fue un largo monólogo que discurrió sobre el grave problema de corrupción que aqueja al país.

Hoy, en perspectiva, la lucha contra la corrupción ha quedado sepultada por graves escándalos que involucran a miembros del gabinete presidencial e incluso a familiares del Presidente. La larga nómina de actos de corrupción en los que ha incurrido el gobierno de la llamada Cuarta Transformación incluye conflicto de interés, enriquecimiento ilícito, aportaciones irregulares a las campañas, delitos de cuello blanco, nepotismo, opacidad en las licitaciones públicas y a raíz de la revelación sobre la casa que en Texas llegó a ocupar José Ramón López Beltrán y su familia, posible malversación de fondos públicos y tráfico de influencias.

Foto: Mexicanos Contra la Corrupción

Gracias a la revelación del periodismo de investigación, se puso en evidencia que el hijo del Presidente ocupó una suntuosa residencia en Texas, valuada en un millón de dólares y que es propiedad de un alto ejecutivo de Baker Hughes, una empresa con la que el gobierno mexicano, a través de Pemex, mantiene contratos vigentes por montos superiores a los 3,000 millones pesos.

La esposa de López Beltrán trabajó para British Petroleum y luego como cabildera en Cava Energy, una empresa que es proveedora de Pemex. Carolyn Adams celebró en redes sociales que la compañía Shell, la misma empresa a la que el gobierno le compró la refinería de Deer Park, ganara una zona de explotación petrolera. Estos graves hechos han sido minimizados por el gobierno y sus leales huestes.

La estrategia de echar culpas al pasado, de minimizar los hechos e incluso de atacar a quienes revelaron la existencia de la casa, que hoy ha provocado un escándalo nacional, no es otra cosa que un intento desesperado por salvar la retórica de la lucha contra la corrupción y demostrar que este gobierno está actuando. Sin embargo, las evidencias son contundentes: No hay resultados tangibles sobre las acusaciones de corrupción contra integrantes del gabinete y contra miembros de la familia presidencial.

La supuesta lucha contra la corrupción es hoy solo un tema de campaña; quedaron atrás las propuestas de “limpiar al gobierno como se barren las escaleras”, así como la supuesta honestidad de quienes ocupan cargos públicos. El abrupto despertar de la ciudadanía ha sido brutal: Desabasto de medicamentos, licitaciones a modo, posibles actos de corrupción nunca investigados y funcionarios que han dejado su cargo con total impunidad, para disfrutar bienes de cuestionable origen.

La corrupción y la ineptitud están costando hoy cientos de miles de vidas y hundiendo al país en una crisis política, económica y social de dimensiones inéditas. Será la historia la que juzgue lo que hoy sucede, ya que el gobierno actual niega lo que en los hechos es evidente: La corrupción desmedida de quienes hoy tienen a México en un lamentable lugar 128 de 180 países y el miembro peor evaluado de los países de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico en materia de corrupción.


La campaña presidencial de López Obrador fue un largo monólogo que discurrió sobre el grave problema de corrupción que aqueja al país.

Hoy, en perspectiva, la lucha contra la corrupción ha quedado sepultada por graves escándalos que involucran a miembros del gabinete presidencial e incluso a familiares del Presidente. La larga nómina de actos de corrupción en los que ha incurrido el gobierno de la llamada Cuarta Transformación incluye conflicto de interés, enriquecimiento ilícito, aportaciones irregulares a las campañas, delitos de cuello blanco, nepotismo, opacidad en las licitaciones públicas y a raíz de la revelación sobre la casa que en Texas llegó a ocupar José Ramón López Beltrán y su familia, posible malversación de fondos públicos y tráfico de influencias.

Foto: Mexicanos Contra la Corrupción

Gracias a la revelación del periodismo de investigación, se puso en evidencia que el hijo del Presidente ocupó una suntuosa residencia en Texas, valuada en un millón de dólares y que es propiedad de un alto ejecutivo de Baker Hughes, una empresa con la que el gobierno mexicano, a través de Pemex, mantiene contratos vigentes por montos superiores a los 3,000 millones pesos.

La esposa de López Beltrán trabajó para British Petroleum y luego como cabildera en Cava Energy, una empresa que es proveedora de Pemex. Carolyn Adams celebró en redes sociales que la compañía Shell, la misma empresa a la que el gobierno le compró la refinería de Deer Park, ganara una zona de explotación petrolera. Estos graves hechos han sido minimizados por el gobierno y sus leales huestes.

La estrategia de echar culpas al pasado, de minimizar los hechos e incluso de atacar a quienes revelaron la existencia de la casa, que hoy ha provocado un escándalo nacional, no es otra cosa que un intento desesperado por salvar la retórica de la lucha contra la corrupción y demostrar que este gobierno está actuando. Sin embargo, las evidencias son contundentes: No hay resultados tangibles sobre las acusaciones de corrupción contra integrantes del gabinete y contra miembros de la familia presidencial.

La supuesta lucha contra la corrupción es hoy solo un tema de campaña; quedaron atrás las propuestas de “limpiar al gobierno como se barren las escaleras”, así como la supuesta honestidad de quienes ocupan cargos públicos. El abrupto despertar de la ciudadanía ha sido brutal: Desabasto de medicamentos, licitaciones a modo, posibles actos de corrupción nunca investigados y funcionarios que han dejado su cargo con total impunidad, para disfrutar bienes de cuestionable origen.

La corrupción y la ineptitud están costando hoy cientos de miles de vidas y hundiendo al país en una crisis política, económica y social de dimensiones inéditas. Será la historia la que juzgue lo que hoy sucede, ya que el gobierno actual niega lo que en los hechos es evidente: La corrupción desmedida de quienes hoy tienen a México en un lamentable lugar 128 de 180 países y el miembro peor evaluado de los países de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico en materia de corrupción.