El periodismo en Baja California está bajo el asedio del Gobierno del Estado. Las amenazas a periodistas, el uso faccioso de las redes como instrumento de propaganda, los gastos desordenados en publicidad, las agresiones contra medios locales como Zeta y contra mujeres que ejercen el periodismo, dañan de manera severa una de las libertades fundamentales de toda democracia: La libertad de expresión.
La prensa independiente tiene un papel de la mayor importancia en un sistema democrático: Representa una pluralidad de voces críticas que señalan fallas del gobierno, apuntan a las agendas pendientes y evidencian los errores y las omisiones de las autoridades. La voz del periodismo independiente nutre todos los días una opinión pública que es indispensable para alimentar el debate con base en ideas y propuestas.
Con el amparo 1359/2015 la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha defendido la necesidad de una opinión pública robusta; el gremio periodístico es crucial para forjar criterios sólidos, realizar investigaciones imparciales y revelar los íntimos resortes bajo los cuales funciona el poder político.
El gobernador Jaime Bonilla Valdez ha tratado de defender lo indefendible y ha negado lo evidente al justificar sus ataques a la prensa bajo el argumento falaz de que existen intereses que mueven los hilos del periodismo independiente. Esta forma de desacreditar el periodismo libre es lamentable en un gobierno que se cree y dice progresista, pero que en los hechos apuesta a la cerrazón, a la opacidad de sus actos y a la regresión autoritaria.
La Comisión Nacional de los Derechos Humanos en un comunicado de prensa del pasado julio ha hecho un llamado a las autoridades de Baja California para que garanticen el respeto a la labor de periodistas y comunicadores y reconozcan su importancia social. También en julio la senadora Alejandra León Gastélum y yo presentamos un punto de acuerdo ante la Comisión Permanente del Congreso de la Unión para exhortar al gobernador Bonilla a que garantice en todo momento el libre ejercicio de la profesión periodística y a que proporcione a los medios de difusión toda la información gubernamental que por Ley debe entregar y transparentar.
La defensa de la libertad de expresión y del periodismo independiente es crucial para detener tentaciones autoritarias y para hacer que el gobierno sirva sin distinciones ni discriminaciones a la ciudadanía. En un sistema democrático, las libertades y principalmente la de expresión, no son optativas, son esenciales, por lo que su protección y defensa debe ser de la más alta prioridad para nosotros.
