La reforma electoral promovida por el Presidente de la República es una regresión histórica y un golpe frontal al sistema federal y a la democracia que tantos años tardamos en construir en Baja California.
La propuesta no puede negar su vocación centralista y concentradora de poder, así como el vulgar y abierto intento de controlar los próximos procesos electorales. Para la ciudadanía de Baja California, esta reforma, además de una regresión peligrosa, representa la vuelta a las décadas en las que dependíamos del centro, pero ahora en todo lo relativo a nuestros procesos electorales.
El Instituto Estatal Electoral y el Tribunal de Justicia Electoral desaparecerían; la ciudadanía estaría indefensa ante procesos manipulados desde la capital de la República por el Instituto Nacional de Elecciones y Consultas y carecería de una instancia local de defensa del sufragio libre ante posibles arbitrariedades, fraudes y abusos.
Con la reforma desaparece el sistema de representación en distritos, para consolidar un nuevo sistema en el que se votaría por representantes que solo atienden a mandatos centrales y a designios estatales. La vía de acceso al Senado para las fuerzas minoritarias quedaría por siempre cerrada, ya que desaparece la primera minoría y se transita a un sistema en el que el ganador se lleva todo, sin que podamos tener contrapeso alguno en el Poder Legislativo.
La reforma crea la ficción de que podríamos elegir a las autoridades federales electorales, cuando lo que sucedería es que el proceso sería manipulado por quienes controlan los Poderes de la Unión: Serían el Presidente y sus seguidores los que impondrían a los integrantes de los nuevos órganos electorales. La ciudadanía quedaría así en la más absoluta impotencia, sin capacidad de decisión y con legisladoras y legisladores que ya no les rendirían cuentas. Nuestros partidos competirían en condiciones desiguales e inequitativas, ya que la reforma les quitaría los recursos para actividades específicas, como la formación y capacitación y la edición de publicaciones.
De esta forma, estarían indefensos ante una poderosa maquinaria gubernamental al servicio del partido gobernante, cuyo fin es la creación de una nueva hegemonía política, con lo que nuestra democracia quedaría sepultada por décadas.
Largo y doloroso fue el proceso que llevó a la creación de los órganos electorales, que gozan hoy de un merecido reconocimiento internacional. Con la reforma, las elecciones dejarían de ser organizadas por nuestras vecinas y vecinos, para ser controladas por un aparato de propaganda y movilización al servicio de un partido de Estado. Esta no es la reforma que esperamos todas y todos, sino un capricho presidencial más que destruiría la democracia que tanto nos ha costado consolidar.
