Mexicali y Tijuana son hoy en día dos de las ciudades en las que la percepción de la inseguridad pública es de las más altas en el país.
De acuerdo a la encuesta de julio realizada por el INEGI, el 78% de las personas consideraba que la capital de Baja California es insegura y el 83% así lo hizo con respecto de Tijuana.
El año 2022 comenzó con una masacre en Mexicali, en la que un comando asesinó cinco personas en su domicilio. El clima de inseguridad que prevalece en el Estado y que se extiende por todo México causando muerte y dolor, es el resultado evidente de una estrategia de seguridad que ha logrado que la delincuencia se adueñe de las calles y plazas, mientras que las personas tienen que recluirse en sus casas.
La creciente militarización del país ha tenido resultados desastrosos en términos de inseguridad, con el sexenio más violento de la historia reciente, con más de 121 mil asesinatos hasta la fecha. El Acuerdo presidencial que militarizará por completo la Guardia Nacional, además de ser notoriamente inconstitucional, contradice las promesas de campaña y es el camino equivocado para hacer frente a la crisis de inseguridad que ha causado las pésimas decisiones presidenciales.
La presencia de militares en tareas de seguridad debe ser, de acuerdo a los estándares internacionales extraordinaria y excepcional, regulada por un marco legal, supervisada por órganos civiles competentes, subordinada a un mando civil y solo en funciones que garanticen el acompañamiento de las corporaciones policiacas civiles.
El Acuerdo, además de ignorar las recomendaciones internacionales y traicionar el carácter civil de la Guardia Nacional que se aprobó en el Congreso de la Unión, lleva a México al camino de una dictadura con presencia permanente de militares en las calles y con un manto de impunidad para la delincuencia organizada, que se sigue adueñando cada vez más de territorios y plazas, mientras que la Guardia reprime a la ciudadanía y criminaliza a las personas que migran.
En lugar de fortalecer las capacidades de investigación y prevención de las corporaciones policiacas municipales y estatales, el gobierno ha eliminado importantes fondos, destruyendo así la coordinación prevista en el texto constitucional entre Federación, entidades federativas y municipios. El Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública es hoy una institución decorativa, incapaz de coordinar esfuerzos para caminar hacia la paz que tanto anhela la ciudadanía.
El inconstitucional Acuerdo es el síntoma inequívoco de la desesperación presidencial ante los lamentables resultados de decisiones unipersonales que nos están llevando a ser un Estado fallido en manos de grupos criminales y a consolidarnos como un país secuestrado por la represión, el autoritarismo y la violencia.
