GUSTAVO DE HOYOS WALTHER
El próximo 5 de febrero puede ser una día toral para nuestro país. En esa fecha se podrían presentar en el Congreso de la Unión una serie de reformas constitucionales que, en conjunto, significarían una afrenta contra la democracia mexicana.
Dado que faltan sólo unos cuantos meses para la celebración de importantísimas elecciones en México, el Presidente parece haber tomado la decisión estratégica de que sus reformas estén en el centro de la discusión durante las campañas.
Su intención es clara: Polarizar a los mexicanos entre los que están en favor de su proyecto y quienes están contra. Ya veremos si tiene éxito. Lo que hay que decir ahora respecto a la sustancia de sus reformas, es que estas son indisociables de una concepción autoritaria del poder. Pensemos en su propuesta de liquidar el ecosistema de organismos autónomos. Durante varios años el Presidente y su grupo han venido orquestando una campaña propagandística destinada a difamar a estos organismos y a mentir sobre la manera en que funcionan. Según ellos, el ecosistema es esencialmente corrupto y costoso.
En cuanto a lo primero, las acusaciones de corrupción nunca se prueban. En cuanto a lo segundo, la imputación de costos exorbitantes, nunca se pone en contexto. Se trata más bien de una operación demagógica por parte del régimen. Al contrario de lo que opina el Presidente, estos organismos han sido de mucha utilidad para los ciudadanos. La Coparmex ha citado de manera atinada algunos ejemplos, entre muchos, de cómo estos organismos han traído incontables beneficios. Más de 7 mil personas tuvieron acceso a su expediente clínico gracias al Instituto Nacional de Acceso a la Información (INAI). Debido al trabajo esmerado del Sistema Nacional de Transparencia (SNT), casos célebres de corrupción han sido revelados.
Gracias al Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT), los mexicanos hoy pagamos menos en telefonía que antes. El año pasado, la Comisión Federal de Competencia (Cofece) sancionó a diversas personas y empresas que buscaban manipular el precio de la tortilla en Chiapas. La Comisión Reguladora de Energía (CRE) ha tenido un papel crucial para el combate al cambio climático. La Comisión Nacional de Hidrocarburos (CNH) garantiza que las licitaciones y contratos de exploración y extracción de energía se realicen con apego a la Ley.
Estos son sólo un puñado de ejemplos, entre una infinidad de ellos. Ahora bien, ¿qué propone colocar el Presidente en su lugar? Lo que intenta es que el Estado absorba estas funciones. El problema con su propuesta es que es autoritaria. Parte de la idea de que concentrar el poder es más efectivo y democrático que desconcentrarlo. Esto, sin embargo, va en contra de la experiencia de los gobiernos más democráticos y liberales del planeta, que ya llevan décadas implementando políticas de desconcentración de la autoridad.
Es hora de tener claro que la vía para el desarrollo del país no puede ser el regreso al modelo autoritario que los mexicanos han rechazado desde hace varias décadas.
