En el tema del outsourcing o subcontratación, como en tantos más que ha hecho suyos el gobierno actual, se corre el grave riesgo de ante posibles casos y actos de corrupción, condenar en su totalidad una modalidad de contratación laboral que ha crecido de manera importante en años recientes.
El outsourcing es hoy tanto para empleadores como para personas que se encuentran en búsqueda de empleo, la única alternativa viable.
El gobierno de la llamada Cuarta Transformación ha incurrido de forma recurrente en cancelar alternativas y esquemas viables de política pública, bajo sospecha de corrupción. De esta forma se están destruyendo de forma gradual y sistemática instituciones funcionales en las que si bien se han dado observaciones respecto a su operación, generaban beneficios tangibles a la ciudadanía.
Instituciones como la Policía Federal o programas como el Seguro Popular fueron destruidos en aras de un discurso anti corrupción que en los hechos ha quedado por completo sepultado, ante los casos recurrentes de personas del gabinete y de la familia presidencial que han incurrido en graves faltas, por actividades y acciones en las que sospecha una elaborada trama de relaciones de corrupción.
El outsourcing es hoy parte de la diversificación del mercado laboral y en sí mismo es una opción viable y necesaria, como lo es el teletrabajo, para el cual ya se han presentado iniciativas que lo regulen. Los problemas del outsourcing, como son la violación de derechos laborales, la falta de certeza en la vida laboral, la ausencia de prestaciones o salarios muy bajos, deben corregirse y regularse. Pero el presidente López se empeña en proyectos legislativos plagados de ocurrencias y supuestos ideológicos ampliamente cuestionables.
Gracias a las ideas presidenciales hoy ya no tenemos educación de calidad ni evaluaciones magisteriales permanentes y hoy miles de personas padecen por falta de medicamentos. Una iniciativa tan arbitraria y destructiva como la desaparición de los fideicomisos fue promovida desde Palacio Nacional contra activistas y defensores de derechos humanos, científicos y creadores y mujeres víctimas de violencia.
El gobierno no escuchó a los afectados en todos estos casos y en su lugar impuso de forma arbitraria y arrogante su mayoría parlamentaria. Los resultados los estamos padeciendo todas y todos.
El outsourcing debe regularse para evitar abusos y defender derechos, pero se requiere de un amplio consenso entre las fuerzas productivas para diseñar un proyecto que mejore las condiciones laborales de las personas y no uno que cancele el futuro de muchas personas que buscan empleo.
Esperemos que en este tema el Senado asuma su responsabilidad de cara a la nación y que la mayoría que sólo aprueba los sueños presidenciales tenga capacidad de elegir lo que sea mejor para México.
