GERARDO GUTIÉRREZ CANDIANI
Desde el Congreso se convoca a acelerar la reforma para reducir en un día la semana laboral de 48 a 40 horas, emplazando a organismos empresariales y sindicales a presentar sus consideraciones.
Se ha señalado que la votación sería después del 20 de abril, a días de que culmine el último periodo de sesiones. Precipitado para algo tan relevante.
Es fundamental que en esta reforma, como en todas las presentadas recientemente en materia laboral, se tomen en cuenta las condiciones de la mayoría del empresariado: Las micro, pequeñas y medianas empresas. Una mayoría silenciosa en el debate público, clave para la economía y el empleo.
Para cientos de miles de Mipymes formales, estos cambios, si no se hacen considerando sus necesidades y limitaciones y sobre todo si se van sumando –aumentos salariales extraordinarios, más aportaciones a pensiones, más días de vacaciones, la iniciativa de duplicar el aguinaldo–, pueden suponer la necesidad de irse a la informalidad, hacer despidos, incluso cerrar.
De entrada, incentivarán aún más la informalidad laboral, partiendo de la distorsión ya existente: Más del 55% de los trabajadores está en esa condición.
Corregir estructuralmente esa situación es la verdadera asignatura pendiente en el campo laboral, fundamental también en materia hacendaria, de seguridad social y para que más empresas puedan profesionalizarse, tener acceso a financiamiento, desarrollarse y generar más y mejores empleos.
Eso tendríamos que estar oyendo de los legisladores y en las campañas. Cómo ir de una estructura laboral contrahecha a una robusta, buena para los trabajadores –todos ellos y los futuros–, para las empresas y el Estado. Que no haya trabajadores de primera, en el sector formal, y de segunda, en el informal.
Como ha comentado la economista Valeria Moy, mientras no tengamos cimientos sólidos del edificio laboral, los cambios improvisados o superficiales tendrán un efecto limitado; en todo caso, efímero.
Como señala Coparmex, que ha sido clave en el fortalecimiento del salario mínimo, la última reforma pensionaria, la de subcontratación y en el aumento en vacaciones, a pesar de lo positivo de estas medidas, han implicado costos adicionales para las empresas, sin incentivos a la creación de empleos formales, la productividad y las Mipymes.
Es tiempo de ir a la estructura. Añadir precipitadamente lo que ahora se propone es una receta que puede ser letal para muchas empresas. En esa línea, el aumento al 100% en el costo del aguinaldo se da en un contexto de empresas ya presionadas con obligaciones fiscales, competencia de la informalidad, más carga laboral.
Se busca mejorar derechos laborales, pero existe el riesgo de que estas adecuaciones alienten la elusión de obligaciones laborales, además de desincentivar la creación de empleo; de una desbandada a la informalidad, en la que más trabajadores y personas buscando empleo saldrán perjudicados.
Es impopular poner reparos a los aumentos de dos dígitos al salario mínimo por sus efectos colaterales. Que alcance para un nivel de vida digno es imperativo legal y moral. México necesita pensar a largo plazo, soluciones de fondo, en los cimientos.
