Gustavo de Hoyos Walther
La invención del Estado de Bienestar moderno se le atribuye al canciller alemán Otto von Bismark, quien hacia finales del siglo XIX estableció medidas en favor de las clases menos favorecidas y en las que el Estado tendría un papel fundamental.
Esta idea fue luego la piedra de toque de las sociedades modernas. Si Occidente no adoptó el marxismo-leninismo, sí puso en práctica el bismarckismo en sus proyectos económicos y sociales. El neoliberalismo puro nunca ha sido la realidad en el mundo.
Uno de los aspectos fundamentales de las ayudas gubernamentales a las clases trabajadoras siempre ha sido proteger sus ahorros para que éstos les puedan ayudar cuando lleguen a la edad avanzada.
Así, la política para administrar las pensiones se ha convertido en una de las más significativas en las sociedades contemporáneas.
En México, el Estado posrevolucionario puso en marcha lo que podría considerarse la versión mexicana del Estado de Bienestar. Aunque el sistema ayudó a un sector importante de la clase trabajadora, las contribuciones nunca fueron ejemplares, suficientes o generosas. El sistema de pensiones era paternalista y se prestaba mucho al abuso y la corrupción.
Siguiendo el paradigma chileno, el gobierno de Zedillo decidió reformarlo. En el nuevo modelo las cuentas generales se sustituirían por cuentas individualizadas que se configurarían con aportaciones mínimas y extraordinarias de los derechohabientes a lo largo de su vida laboral a las que se agregarían contribuciones patronales. A su vez, los fondos serían administrados por instancias privadas. Fue así que nacieron lo que hoy conocemos como las Afores.
Aunque el modelo ha funcionado, la verdad es que se enfrenta con muchos desafíos. En primer lugar, la pirámide demográfica en México está evolucionando hacia una probable crisis financiera debido a que el número de personas jóvenes que subsidiarían a las de edad avanzada es cada vez menor. Este no es un problema sólo de México, sino que lo es a nivel mundial. Muchos países lo han enfrentado ya sea mediante el aumento de la edad de la jubilación, la modificación del periodo de cotización o la disminución del monto de las pensiones.
En los últimos lustros ha habido un gran debate sobre las exigencias que le tiene que poner el Estado a los administradores de los fondos de pensiones, en términos de la seguridad de las inversiones, su rentabilidad y el monto de las comisiones que cobran.
Al iniciar este sexenio, el Ejecutivo inició diversas gestiones rumbo a una nueva reforma del sistema de pensiones. Ésta se hacía necesaria debido a que quienes comenzaron a ahorrar después de la reforma de Zedillo, no tendrían pensiones dignas al momento de su jubilación. Se trataba y se trata de un problema de largo plazo que bien merece enfrentarse con eficiencia y generosidad.
El problema no se soluciona de ninguna manera con medidas irresponsables y demagógicas. Desgraciadamente eso es lo que está promoviendo el Presidente con sus recientes declaraciones, según las cuales propondrá una reforma del sistema de pensiones. Su propuesta no resolvería el problema de fondo y más bien tendría el efecto de dilapidar el ahorro de los derechohabientes en unos años. La reforma que promete pretende que el Estado otorgue pensiones equivalentes al 100% de su último salario a los nuevos jubilados, cosa que no ocurre en ninguna parte del mundo, pues quebraría a los gobiernos. La medida tendría contentos a los actuales pensionarios, pero a expensas del bienestar de futuras generaciones.
Como lo he dicho antes, una nación se puede concebir como un pacto de las generaciones pasadas, presentes y futuras. Sacrificar a estas últimas por ventajas políticas hoy, parece un acto de mezquindad enorme.
