Hoy en día es común escuchar en la vida diaria, en el café, en el taxi, en los espacios laborales o recreativos, sobre las elecciones y acerca de cómo el gobierno federal, del Estado y de los Ayuntamientos, no les han cumplido a las y los ciudadanos que confiaron en el partido en el poder y crearon la expectativa de que gobernarían diferente.
La esperanza del cambio pronto se convirtió en decepción a raíz de la mala administración y las ocurrencias del presidente López Obrador, quien desde antes de entrar en funciones decidió de forma ilegal cancelar el más importante proyecto de infraestructura de los años recientes.
Las acciones del gobierno federal han seguido una ruta de devastación y desesperanza que se ha visto confirmada por la escalada de violencia, las muertes por la pandemia, la destrucción de los sistemas de salud y educativo, el aumento de la pobreza, el creciente desempleo y el más reciente y trágico accidente en el Metro de la Ciudad.
El gobierno de Baja California, electo bajo la esperanza del cambio, ha resultado ser una mala copia de la administración federal. La abierta incompetencia y la corrupción creciente son las características de un gobierno indolente, alejado de la realidad, que solo persigue el beneficio de un pequeño grupo político. La respuesta del gobierno del Estado ante la pandemia ha sido, como la federal, un desastre de proporciones inimaginables, sin apoyos, sin subsidios para la electricidad, sin sensibilidad, dejando que la muerte, la pobreza y la violencia se adueñen de nuestra entidad: Tijuana y Mexicali están hoy entre los primeros lugares mundiales en asesinatos. En días pasados un motín en La Mesa puso en evidencia que ni alimentos se les pueden dar a las personas ahí recluidas.
Al mal manejo de la pandemia hay que sumar una serie de actos aberrantes como el intento de ampliar el mandato constitucional, la cancelación de inversiones de Constellation Brands, la propuesta de que el gobernador elija a alcaldes sustitutos, la expropiación del club de golf y la contratación ilegal de deuda. A las aberraciones legales del gobierno se suman el aumento criminal a las tarifas de luz, la entrega de desayunos escolares en malas condiciones, los innegables actos de corrupción que no se han investigado, la falta de pagos a maestros jubilados y el desvío de recursos públicos para favorecer a la candidata oficial.
La ruta de polarización y confrontación nacional ha sido también imitada a nivel local con ataques a la prensa, a la oposición y con el ocultamiento de información sobre la pandemia.
Tenemos ante nosotros la alternativa histórica de hacer valer nuestro derecho soberano a elegir una opción política que sí esté a nuestro servicio, con un voto útil a favor de Baja California y contra la destrucción de nuestro Estado. Estamos ante la gran oportunidad para unirnos y decidir por una alternativa de cambio real y no por meras promesas y sueños vanos que, al final, se convierten en pesadillas.
En nuestras manos está cambiar nuestro futuro el próximo 6 de junio. Por el bien de las próximas generaciones ejerzamos nuestro derecho al sufragio de forma responsable, libre e informada.
