La contrarreforma en materia eléctrica presentada como iniciativa preferente por parte del presidente Andrés Manuel López Obrador, es regresiva, viola leyes nacionales y tratados internacionales, e impactará negativamente en los bolsillos de los usuarios.

Lo anterior lo manifestó la senadora por Baja California, Gina Cruz Blackledge, al hacer referencia a la serie de reformas de ley enviadas por el Ejecutivo federal a la Cámara de Diputados, con la que se busca regresar a la Comisión Federal de Electricidad (CFE), la preponderancia en el mercado eléctrico mexicano.

El Ejecutivo federal ha presentado esta iniciativa que no busca favorecer a los usuarios de la CFE con energías más limpias y más baratas, al contrario, esta solo tiene fines recaudatorios con los que la federación busca hacerse de más dinero, aseveró la legisladora por Acción Nacional.

“Sin embargo, somos testigos de cómo se condonó un adeudo de 650 millones de pesos por concepto de consumo de energía eléctrica a usuarios de Tabasco, que tenían 25 años sin pagar el recibo de energía eléctrica, esto, alentados por el propio López Obrador”.

Además, las reformas presentadas son regresivas en materia de política energética, abiertamente inconstitucionales al atentar contra la competitividad del sector, consolidan el monopolio estatal de la CFE para generar energía eléctrica, y violan acuerdos internacionales y leyes nacionales.

La iniciativa relega el uso de las energías renovables y privilegia la energía producida por las centrales hidroeléctricas y otras plantas de la CFE, explicó la Senadora bajacaliforniana.

Esta disposición afectará a las finanzas de la empresa paraestatal, ya que se elimina el incentivo para que se compre de manera prioritaria la electricidad más barata, así se destruyen los incentivos para generar energía a partir de fuentes renovables.

Ya la Segunda Sala de Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la sesión del miércoles 3 de febrero falló a favor de una controversia constitucional contra la Política de Confiabilidad, Seguridad, Continuidad y Calidad en el Sistema Eléctrico Nacional, con lo que la política eléctrica regresiva impulsada por el gobierno federal, se llevó su primer revés.

En la controversia promovida por la Comisión Federal de Competencia Económica la Corte estimó que se busca favorecer a la CFE en detrimento de los productores privados de fuentes renovables. Este mismo razonamiento se aplicaría a la iniciativa preferente del Ejecutivo, explicó la legisladora.

La única persona que votó en contra de la resolución de la segunda sala fue la Ministra presidenta Yasmín Esquivel Mossa, quien fuera nombrada por el presidente López.

Gina Cruz señaló que la reforma y su apuesta por el monopolio estatal y el uso de energías fósiles viola lo dispuesto en la Ley de Transición Energética y la Ley General de Cambio Climático, que prevén el aumento gradual en la participación de energías limpias en la industria eléctrica y la reducción de las emisiones de un 50 % al año 2050 con respecto al año 2000.

También se viola lo dispuesto en el artículo 32.11 del T-MEC el cual protege a los inversionistas en materia de energías limpias.

Con la reforma, se da una expropiación indirecta ya que hace que las inversiones en el sector sean inviables, lo que afecta las inversiones pasadas.

Además, el sector eléctrico es uno de los seis que se encuentran cubiertos por el mecanismo de solución de controversias inversionista-Estado.